El Sistema se Reinicia: El Fiscal General de España, a Juicio por Revelación de Secretos. ¿Quién Vigila al Vigilante?

Desde la consulta del Absurdólogo de Guardia, hay días en que la realidad decide que ya está bien de sutilezas y nos regala un titular que es, en sí mismo, un cortocircuito. Un pantallazo azul en el sistema operativo de la nación. Hoy es uno de esos días. Siéntense, respiren hondo y lean despacio: El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido enviado a juicio por un presunto delito de revelación de secretos, con una fianza de 150.000 euros.

Repitámoslo para paladear la magnitud del disparate. La persona cuyo trabajo es, literalmente, dirigir a los fiscales que acusan a los delincuentes en nombre del Estado, está ahora en el otro lado de la barrera. El vigilante está siendo vigilado. El árbitro ha sido expulsado del partido por hacer trampas. El zorro encargado de guardar el gallinero no solo se ha comido una gallina, sino que ahora un comité de gallinas lo va a juzgar. Es la paradoja definitiva, el colapso de la lógica institucional.

La Trama: Un Correo, Dos Políticos y un Funeral (el de la Presunción de Inocencia)

Para los que se hayan perdido en los capítulos anteriores de este culebrón, el argumento es digno de una serie de espías de sobremesa. El caso gira en torno a la filtración de un correo electrónico confidencial relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía de Madrid emitió una nota de prensa para desmentir un bulo y, en el proceso, se le fue la mano y reveló datos que, según el juez, deberían haber sido más secretos que la receta de la Coca-Cola. ¿Y quién estaba, según el auto judicial, en la cúspide de esa cadena de mando que dio el visto bueno a la filtración? Bingo. Nuestro Fiscal General.

Es una historia de una ironía deliciosa. El máximo guardián de la legalidad y los secretos de sumario, sentado en el banquillo por un presunto chivatazo. Es como si el director de la DGT fuera juzgado por conducción temeraria, o el Ministro de Sanidad por vender remedios homeopáticos. Es el «dime de qué presumes y te diré de qué careces» elevado a la categoría de auto de procesamiento.

El Circo de Dos Pistas: Las Reacciones que ya Sabíamos que Iban a Tener

Pero la noticia, por potente que sea, es solo el pistoletazo de salida para el verdadero espectáculo nacional: la guerra de trincheras política. En cuanto se ha conocido la decisión judicial, los dos grandes partidos han sacado su argumentario de emergencia, ese que ya tienen en una plantilla de Word, y solo han tenido que cambiar el nombre del acusado.

• Desde la Esquina Azul (PP): ¡Éxtasis! ¡Justicia divina! Esto no es un auto, es la prueba irrefutable de la «degradación institucional a la que nos somete el sanchismo». Es la confirmación de que el Fiscal General no es un servidor público, sino el «abogado personal de la familia del presidente», un «brazo armado del Gobierno» para perseguir a la oposición. Exigen su dimisión inmediata, su excomunión y, probablemente, que sea desterrado a una isla desierta. Para ellos, hoy, la justicia española es un faro de independencia y rigor. ¡Bravo por los jueces valientes!
• Desde la Esquina Roja (PSOE y Gobierno): ¡Indignación! ¡Herejía! Esto no es un auto, es la prueba irrefutable del «lawfare«, de la «persecución de la derecha judicial y mediática». Es la confirmación de que hay una «máquina del fango» diseñada para derribar a un Gobierno legítimo. Recuerdan que el Fiscal General solo defendía el honor de sus fiscales ante un bulo y que todo esto es una estrategia para tapar los presuntos delitos del novio de Ayuso. Para ellos, hoy, la justicia española es un nido de reaccionarios con toga que conspiran en la sombra. ¡Vergüenza!

Y en medio de este glorioso partido de tenis, estamos nosotros, los ciudadanos, con un dolor de cuello terrible de tanto girar la cabeza.

El Diagnóstico del Absurdólogo: El Paciente es el Sistema

Lo realmente trágico de esta historia no es si García Ortiz es culpable o inocente. Eso, si tenemos suerte y el caso no prescribe en 2035, lo decidirá un tribunal. Lo verdaderamente desolador es el espectáculo en sí mismo. Es la autopsia en directo de la credibilidad de nuestro sistema judicial.

Hemos llegado a un punto en el que una decisión judicial ya no se analiza por sus fundamentos jurídicos, sino por sus consecuencias políticas. Ya no importa el «qué», importa el «quién». Si el investigado es «de los míos», es una conspiración. Si es «de los tuyos», es justicia. Hemos destruido la idea de que pueda existir una verdad judicial independiente de nuestra trinchera ideológica.

El caso del Fiscal General es la metástasis de un cáncer que lleva años devorando nuestras instituciones: el bloqueo del CGPJ, el nombramiento de jueces afines, el uso de la Fiscalía como arma arrojadiza… Todo este fango ha creado el caldo de cultivo perfecto para que hoy, la noticia de que el máximo fiscal del país va a juicio, sea vista no como una crisis de Estado, sino como un punto más en el marcador de la liga PP-PSOE.

Y luego está la fianza. 150.000 euros. Un número que le pone una cifra, un precio, a la presunta traición del guardián de los secretos. Es la cantidad que un juez considera necesaria para asegurar que el jefe de todos los fiscales no se dé a la fuga. Es un detalle que, por sí solo, resume la profundidad del abismo al que hemos llegado.

Así que, mientras se sirven el segundo plato, reflexionen. Hoy, en España, el hombre que debería personificar la acusación del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. El sistema ha entrado en un bucle. Se está comiendo a sí mismo. Y nosotros, con el tenedor en la mano, no podemos hacer más que mirar y preguntarnos si, después de este atracón de canibalismo institucional, quedará algo en el plato que se parezca a un Estado de Derecho.