Desde la consulta del Absurdólogo de Guardia, hoy tenemos una noticia que nos llena de tranquilidad y nos demuestra la reconfortante predictibilidad del universo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha calzado las botas de ir a ver cosas quemadas, se ha puesto delante de un atril con un fondo de pinos churruscados y ha hecho lo que mejor sabe hacer: prometer. Ha anunciado solemnemente que se declararán los territorios afectados por los incendios como «zonas de emergencia» y que llegarán «todas las ayudas necesarias».

¡Qué alivio! ¡Menos mal! Es una declaración tan audaz y sorprendente como anunciar que el agua moja o que Hacienda te va a crujir en la próxima declaración. Es el protocolo. El ritual sagrado de la catástrofe en España. Es un déjà vu tan potente que uno no sabe si está viendo el telediario de 2025, el de 2022 con el volcán de La Palma, o el de 2019 con la DANA de Valencia.

Y aquí, queridos lectores, es donde empieza el verdadero juego. Porque una cosa es la Promesa y otra muy distinta es la Ayuda. La Promesa es instantánea, fotogénica y sale en todos los titulares. La Ayuda, sin embargo, es una criatura tímida y escurridiza que vive en un laberinto burocrático llamado Boletín Oficial del Estado. Para que la Ayuda llegue a su destinatario, primero tiene que rellenar 17 formularios, presentar 24 documentos compulsados, esperar la aprobación de 3 subcomités y, finalmente, rezar para que al funcionario de turno no se le traspapele su expediente.

Es hora de sacar nuestro cartón del «Bingo de las Promesas Post-Catástrofe». A ver qué casillas podemos tachar hoy:

«Declaración de zona catastrófica»: ¡BINGO! La primera y la más fácil. Es gratis y queda de lujo.
«No dejaremos a nadie atrás»: ¡BINGO! Frase estrella. Vale para un incendio, una pandemia o una final de Eurovisión.
«Movilización de todos los recursos del Estado»: ¡BINGO! Suena a que van a venir los GEO a reconstruirte el gallinero, pero normalmente significa que te mandan a un señor a hacer una evaluación de daños.
«Línea de crédito blando para los afectados»: ¡BINGO! Te presto dinero (que tendrás que devolver) para que arregles el desastre que, en parte, se debe a mi falta de prevención. Un negocio redondo.
«Ayudas directas que llegarán con la máxima celeridad»: Esta es la casilla trampa. La «máxima celeridad» en tiempo burocrático puede oscilar entre seis meses y el próximo cambio de milenio.

La triste realidad, como saben bien los habitantes de La Palma que aún esperan que les reconstruyan la casa, los agricultores de Valencia que vieron sus campos ahogados, o los madrileños que se quedaron atrapados por Filomena, es que el viaje de la promesa a la cuenta corriente es más largo y tiene más obstáculos que la Odisea de Ulises.

Y no es por maldad (no siempre). Es por la propia naturaleza de nuestro glorioso sistema administrativo. Una maquinaria tan pesada y compleja que para aprobar una ayuda de 1.000 euros a un señor al que se le ha quemado la granja, se necesita el trabajo de 15 personas y se gastan 2.000 euros en sueldos y papeleo. Es la eficiencia en estado puro.

Así que cuando vean al presidente, o a cualquier político, prometiendo el oro y el moro delante de un paisaje desolado, no se emocionen demasiado. Agradezcan el gesto, sí, pero mantengan un nivel de escepticismo saludable. Porque una cosa es la foto con las botas llenas de ceniza y otra muy distinta es el ingreso en el banco.

Y mientras las ayudas inician su largo peregrinaje por los pasillos de los ministerios, los afectados seguirán haciendo lo que siempre han hecho: ayudarse entre ellos, levantarse con sus propias manos y esperar que, para cuando llegue el dinero, no se les haya quemado la casa otra vez en el incendio del año que viene.